El ayuntamiento dice que no tiene dinero para gatos
El 29 de septiembre de 2023 debía marcar un antes y un después en la gestión de las colonias felinas en España con la entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal. Un año después, nada ha cambiado.
Tras su aprobación, en marzo de ese mismo año (2023), se suponía que la normativa se implantaría seis meses después en los ayuntamientos y localidades de toda España. Por lo menos, tras un periodo de tiempo para preparar los reglamentos. Un año después, los problemas que viven alimentadoras, asociaciones y proyectos CER son similares a los que había antes de la Ley de Bienestar Animal.
La ley exige a los ayuntamientos la obligación legal de destinar recursos a la identificación y esterilización de los gatos comunitarios mediante el método CER (Captura, Esterilización y Retorno). A pesar de ello, la mayoría de municipios argumentan «que no tienen dinero para gatos”, eludiendo o minimizando sus responsabilidades de control sobre la población felina de las localidades.
Negligencia o falta de recursos: el verdadero problema
Por toda España, son muchas las asociaciones y particulares que nos cuentan que, a pesar de haber tratado de establecer una comunicación directa con sus ayuntamientos —tanto ofreciendo ayuda como trabajo de voluntariado— se encuentran con la negativa constante para obtener recursos económicos para la actividad del CER.
En Mallorca, por ejemplo, el Govern avisó de que los ayuntamientos no tendrían recursos para esterilizar, chipar y vacunar a los gatos, mientras se culpa al Gobierno central por no dotar de fondos a los municipios, pero sí de responsabilidad. De igual modo, los ayuntamientos culpan a la administración de la comunidad autónoma o al gobierno central.
El «ayuntamiento dice que no tiene dinero para gatos« es la respuesta típica. Parece la pelota que va de tejado a otro… entre reproches que se intercambian los ayuntamientos, las comunidades autónomas y la Administración central.
Si bien existen diferentes realidades, según la zona: habrá ayuntamientos que están actuando de forma negligente, y restando importancia a esta obligación legal o ignorando la necesidad de control felino, mientras que otros municipios pequeños o con pocos ingresos, aunque estén dispuestos a cumplir con la ley, no cuentan con los recursos necesarios para llevar a cabo estas acciones.
¿Es válida la excusa de “no hay dinero”?
La ley deja claro que los ayuntamientos que no puedan asumir los gastos derivados de la implementación del CER tienen la posibilidad de solicitar fondos a las diputaciones provinciales. Según el artículo 39.3 de la Ley de Bienestar Animal, estas instituciones tienen el deber de apoyar a los municipios en el cumplimiento de sus obligaciones.
- ¿Se están llevando a cabo estos trámites?
- ¿Se están eludiendo responsabilidades?
Es momento de actuar: los presupuestos municipales para 2025
Además, en este último tramo del año, es el momento clave en el que los ayuntamientos empiezan a planificar sus presupuestos anuales. La ciudad de Madrid, donde el plazo se inició en septiembre, o de Barcelona, en octubre, son buenos ejemplos, aunque los recursos no siempre se encuentran tan fácilmente ni de forma tan accesible. Dicho de otro modo, es el momento perfecto para «sentarse a trabajar» por un presupuesto (una partida presupuestaria) suficiente dedicada a las actividades del CER, que implican:
- gastos veterinarios,
- materiales,
- alimentación
- y otros imprevistos relacionados con la gestión de las colonias.
El abandono de la responsabilidad no es una opción, y alegar que no hay fondos sin haber solicitado recursos externos constituye una negación en la prestación de un servicio público. De hecho, según fuentes como Libremercado, la ley ha generado un gasto considerable para algunos ayuntamientos, lo que refuerza la necesidad de una planificación presupuestaria adecuada.
¿Por qué dice que no tiene dinero para gatos?
La sobrepoblación felina es un problema grave que afecta tanto a la salud pública como al bienestar de los propios animales. Los programas CER han demostrado ser la herramienta más eficaz para controlar esta situación, reduciendo el número de nacimientos y mejorando la convivencia entre gatos callejeros y la comunidad.
La realidad es que son los propios ayuntamientos aquellos que deberían crear, promover y dirigir estos programas (o, por lo menos, poner las bases para poder repartir y controlar los fondos), así como tener en cuenta esas previsiones presupuestarias con las que cubrir toda una serie de servicios necesarios para el cumplimiento de la ley.
Por ahora, todo indica que esto no será tan sencillo.
- Hoy por hoy, el apoyo de los voluntarios y las asociaciones protectoras ha seguido siendo clave para suplir la falta de recursos en muchos municipios. Sin embargo, no es justo que la responsabilidad recaiga únicamente en ellos.
- La ley deja claro que esta es una tarea de las administraciones locales, y es fundamental que se asignen recursos suficientes para garantizar que los ayuntamientos cumplan con sus obligaciones.
Hacia una responsabilidad compartida
En resumen, es imprescindible que los ayuntamientos reconozcan su responsabilidad y se preparen para asignar partidas presupuestarias adecuadas que permitan implementar los programas CER de manera efectiva. No se trata solo de cumplir con la ley, sino de apostar por un modelo de gestión que favorezca la convivencia y el bienestar de los animales.
Como concluye la noticia de Última Hora sobre las colonias felinas en Baleares, los ayuntamientos tienen herramientas para hacer cumplir la ley, y los ciudadanos y las asociaciones tienen todo el derecho a exigirlo. Cualquier obstaculización para implementar los programas CER, alegando que «no hay dinero para gatos» no es una opción, sino que sería incurrir en una negación de prestación de servicio público.
