Así está la gestión de los gatos de la calle. Esto es lo que dice la Ley de Bienestar, pero no es lo que está pasando
La Ley 7/2023 de Bienestar Animal ha querido marcar un hito en la gestión de los gatos de la calle España y cuenta con un enfoque integrador para estos animales comunitarios. Pero no todo son buenas noticias (al menos, por ahora).
Esta normativa reconoce el derecho de estos animales a ser gestionados de manera ética mediante programas CER (Captura, Esterilización y Retorno) y prohíbe expresamente su sacrificio, promoviendo también la colaboración ciudadana. Sin embargo, la realidad de su aplicación sigue lejos de los objetivos marcados por la nueva ley: en muchos municipios, existe una falta de recursos, personal técnico e incluso voluntarios, que se traduce en colonias felinas sin control. La correcta gestión de los gatos de calle sigue siendo un desafío en numerosos municipios.
Además, en localidades pequeñas, la implementación de programas CER se encuentra con una realidad desafiante: la falta de asociaciones y personas capacitados dispuestas a asumir esta labor. En este sentido, los ayuntamientos suelen argumentar la falta de recursos económicos como un obstáculo insalvable, ignorando que el artículo 39, punto 3, de la Ley de Bienestar Animal permite solicitar apoyo financiero a las comunidades autónomas. Sin un marco claro de gestión de los gatos, la responsabilidad sigue recayendo en voluntarios y asociaciones.
Todo ello, pone de manifiesto la necesidad de profesionalizar la gestión de colonias felinas, ya que no es sostenible ni justo depender exclusivamente de la solidaridad ciudadana para abordar un problema que requiere un enfoque técnico y estructurado.
Lo que dice la Ley
Desde su aprobación, La Ley de Bienestar Animal establece algunos supuestos claros, que se verán reforzados por las futuras reglamentaciones:
- Según el capítulo (Capítulo VI) de colonias felinas, los Programas CER deben permitir que todos los gatos comunitarios sean identificados, esterilizados y retornados a sus puntos de origen, con protocolos específicos para garantizar el bienestar de los gatos de la calle.
- Se prohíbe el sacrificio de gatos, salvo excepciones justificadas, los gatos comunitarios no pueden ser eutanasiados. Así, el artículo 27 afirma que «queda relegado a “motivos de seguridad de las personas o animales o de existencia de riesgo para la salud pública debidamente justificado por la autoridad competente”; el artículo 42 agrega que está prohíbido el sacrificio de felinos salvo «salvo por desórdenes que comprometan la salud del gato a largo plazo o en los supuestos excepcionales permitidos en esta ley para el sacrificio de animales de compañía. El sacrificio será debidamente certificado y realizado por un profesional veterinario».
- La ley debe garantizar atención veterinaria y los cuidados necesarios para prevenir enfermedades y garantizar su salud, también para los gatos comunitarios.
- Por último, regula la colaboración ciudadana, fomentando el trabajo con cuidadores de colonias y subrayando la necesidad de aplicar una supervisión activa.
Este último punto recoge varios puntos conflictivos, puesto que no son pocas las entidades que han señalado falta de apoyo por parte de la Administración, mientras que existen casos en los que la regulación de los cuidadores es ineficaz, siendo estas personas aquellas que se han negado a estandarizar protocolos o trabajar conforme a las nuevas normativas.
Gestión de los gatos: conflictos a pie de la calle
También se ha señalado que los protocolos de actuación no cuentan con un marco general, siendo las comunidades o los municipios aquellos que tienen que llevarlo a cabo, ni una regularización de cuidadores. En este sentido, las colonias madrileñas y valencianas han emitido carnés de alimentadores, mientras que otras ciudades siguen sin una estructura de gestión concreta.
En este sentido, las obligaciones concretas de los ayuntamientos y las sanciones por incumplimiento, a excepción de aquellas de gravedad, siguen, en muchos casos, en un limbo administrativo a la espera de reglamentación concreta.
La realidad en los municipios
Para muestra de lo anterior, en estos momentos, la aplicación de la ley varía drásticamente entre municipios. Así, ciudades como Málaga, Benicàssim o Zaragoza han mostrado avances significativos en la gestión de colonias felinas, gracias a programas bien estructurados y una financiación adecuada por parte de la Administración local y central.
No obstante, muchas áreas rurales o localidades con menos recursos, tienen retos evidentes. La Xunta de Galicia, por ejemplo, ha denunciado en reiteradas ocasiones que se han otorgado competencias por parte del Gobierno central, pero no fondos suficientes.
La gestión de los gatos en el mundo rural
La implementación en las áreas rurales se ha visto lastrada por la falta de control, personal e infraestructuras. De este modo, en espacios de cientos o miles de habitantes, no está claro quién ejerce la función supervisora: ¿la policía local?, ¿el Seprona?, ¿un concejal del ayuntamiento? Por ello, se genera una aplicación desigual de la ley, que afecta a la supervisión, las sanciones (y el orden: mediación, advertencia, sanción, etcétera) y la posibilidad de un cambio gradual.
Se mantienen, además, problema recurrentes que la ley no ha conseguido reducir o hacer desparecer, como el acceso a presupuestos que no ha sufrido una variación importante, pese a un cambio enorme en las competencias y necesidades de los municipios (uno de los aspectos que mencionaba también la proposición no de ley). El abandono no ha variado ni para perros ni para gatos.
La correcta aplicación de protocolos CER y un mantenimiento adecuado se ha comprobado que se traduce en una reducció del número de gatosd y, por lo tanto, un impacto positivo en la biodiversidad de los ecosistemas (también los rurales). Sin embargo, es importante tener en cuenta que la alimentación de colonias felinas no constituye un programa CER, sino que requiere de criterios técnicos, estrategias claras, censos y capturaspara un avance adecuado en la gestión ética de los felinos.
Los retos de la financiación
Situaciones como las que se han denunciado en reiteradas ocasiones por la Xunta gallega o la prensa cántabra, por señalar dos ejemplos, deberían reducirse tras dar luz verde a la proposición no de ley de este pasado diciembre, en el que se habilitó financiación directa para el control de la actividad de las colonias felinas por parte de los ayuntamientos. SIn embargo, numerosas voces han criticado cuál es el sentido o la necesidad de un decreto que vuelve a confirmar, a grandes rasgos, lo que aprobó la ley, en 2023.
No obstante, este cambio permitirá que los ayuntamientos ya no dependan de las subvenciones (las convocatorias que se realizan hacia mediados del año), sino que existirá línea directa de financiación. El Plan Estatal de Acción para las Colonias Felinas pretende, según palabras repetidas en el Congreso de los Diputados, «un horizonte de financiación estable que les permita realizar un adecuado control poblacional de las colonias felinas”.
Competencias, sin financiación
Asimismo, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha señalado que la ley atribuye directamente a los ayuntamientos competencias como la recogida de animales extraviados y abandonados, y la gestión de colonias felinas, sin una correspondencia financiera adecuada. Sí es cierto que se mencionan posibles subvenciones y partidas presupuestarias, pero no quedan claramente definidas. Sin una estructura definida, la gestión de los gatos de calle sigue dependiendo de la buena voluntad de ciudadanos y asociaciones.
Desde la aprobación en marzo de 2023, las dificultades prácticas para una gestión ética se han hecho evidentes. La gestión ética de las colonias felinas requiere recursos significatvos para programas de Captura, Esterilización y Retorno (CER), atención veterinaria y alimentación. Sin una financiación adecuada, los municipios enfrentan desafíos para implementar estos programas de manera efectiva.
En este sentido, la Guía de gestión de colonias felinas para entidades locales proporciona directrices, pero su aplicación depende de los recursos disponibles en cada municipio. Entre otras cuestiones, están las carencias de funcionarios con formación y recursos prácticos para mediar, gestionar o sancionar, la alimentación descontrolada o el abandono de gatos.
Trabajo altruista para la gestión de los gatos
Pese a la intención clara de la ley de bienestar con las colonias felinas, existen unas dificultades evidentes del modelo, basado en la cooperación y en la solidaridad. ¿Hasta qué punto se puede exigir que todo este trabajo sea altruista? Si lo ponemos en cifras, hablamos del tiempo para capturas exitosas y apoyo diario durante años por parte de voluntarios y asociaciones, dinero propio y, en algunos municipios, falta de apoyo para alimentación, esterilización y otros gastos derivados.
Entre el sector veterinario, existe una clara preocupación, que el Consejo General de Colegios Veterinarios de España ha expresado señalando las dificultades que enfrentan los municipios para aplicar la ley, especialmente en áreas como la gestión de colonias felinas y la atención sanitaria 24 horas para los animales. Este último punto sigue considerándose casi imposible para las colonias felinas de muchos municipios sin un fuerte apoyo (tanto logístico como financiero) de todas las adminitracciones implicadas.
Desarrollo reglamentario
A pesar de que la ley entró en vigor en septiembre de 2023, el desarrollo reglamentario necesario para su plena aplicación aún está pendiente, y no parece que pueda llegar en los próximos meses, sino a lo largo del resto de la legislatura actual.
Esta falta de datos concretos genera incertidumbre en las entidades locales sobre cómo deben asignar y gestionar los recursos para cumplir con las nuevas obligaciones, así como saber qué recursos reales tienen. Para muestra, los protocolos de actuación conforme a la nueva ley por parte de cuerpos como el Seprona (el cuerpo oficial que acude, por defecto, en gran parte de España) se mantienen escasos o inexistentes. No hay directrices sobre cómo actuar en relación con las colonias felinas (en especial, con gatos en propiedades), y tampoco la guardia civil, la policía nacional o las autonómicas tienen un marco claro para actuar frente a agresiones en la vía pública, maltrato o gatos fallecidos.
Conclusiones
En España, la gestión de los gatos de calle enfrenta un contraste significativo entre las disposiciones establecidas en la Ley 7/2023 de Bienestar Animal y los desafíos prácticos de su implementación. Así, la normativa reconoce el derecho de estos animales a ser gestionados mediante programas CER y prohíbe su sacrificio, pero muchos municipios siguen enfrentando una alarmante falta de recursos, personal y apoyo administrativo que impide alcanzar los objetivos marcados.
Ante esta realidad, es crucial fomentar una mayor colaboración entre administraciones. La dispersión de competencias y la ausencia de un marco reglamentario detallado generan incertidumbre y limitan la eficacia de los programas de gestión de los gatos de las colonias felinas. Una acción coordinada entre distintos niveles de gobierno permitiría avanzar hacia una aplicación más homogénea de la ley.
Para lograr una implementación más efectiva, se requieren medidas concretas:
- Asignación de presupuestos claros. La financiación de los programas de gestión de los gatos de calle debe estar garantizada a nivel municipal y autonómico, sin depender de subvenciones esporádicas.
- Desarrollo reglamentario. La falta de directrices específicas ralentiza la puesta en marcha de la normativa. Se necesitan protocolos de actuación y regular el papel de las cuidadoras.
- Sensibilización ciudadana y formación de cuidadores. Asegurar que las personas implicadas en la gestión de los gatos de calle cuenten con formación adecuada es clave para evitar prácticas ineficaces o contraproducentes. Además, el reconocimiento del trabajo de los cuidadores y la posible remuneración de ciertas tareas podrían mejorar la sostenibilidad del sistema a largo plazo.
Hoy, más que nunca, se ha vuelto necesario un compromiso firme y una estructura política y social que permitan garantizar que los principios de la ley, para que puedan traducirse en una mejora real y sostenible en la gestión de las colonias felinas españolas.
